Más de doscientos “ministros” (escrito así con minúscula y
entrecomillado) habrá entre todas las regiones y nacionalidades españolas. Nos
referimos a los consejeros, “consellers”, o como ustedes quieran llamarlos, de
las distintas Juntas autonómicas o preautonómicas. Doscientos “ministros” que
cobran lo suyo —que vamos a pagar entre todos— sin que sepamos ciertamente si
“la inversión” que en ellos hemos hecho nos va a ser rentable o no.
Hablando de los nuestros, de los de la Junta de Extremadura, diremos
que con un presupuesto para 1980 de 156 millones de pesetas, los sueldos
mensuales que tienen, según confesión propia, son los siguientes: el presidente
se lleva 200.000 pesetas; los consejeros 50.000 cada uno, aunque además de
esto, se incrementan con 75.000 pesetas más los siguientes cargos: el vicepresidente
(señor Bermejo), los consejeros de Administración Territorial (señor Romero
Morcillo), Cultura (señor Martín Tamayo), Obras Púbicas (señor Sánchez Cuadrado)
y Comercio y Turismo (Señor Parra). O sea, el que menos cobra, cobra al mes las
50.000 pesetas; los hay con sueldos de 125.000 y la presidencia con 200.000.
Si a ello añadimos que esto es— en la mayoría de los casos— un
sobresueldo sobre el profesional que obtengan, veremos que el ser consejero de
lo que sea, y el tener un sillón en la Junta, es un “chupe” como para no
dejarlo y hasta para ponerle “un cinturón de seguridad” al sillón y desterrar
como nefasta la palabra dimisión, y defender con uñas y dientes cualquier
modificación que pueda afectar a esa privilegiada situación económica. La “rentabilidad”
de esta inversión es aspecto secundario que tendrá que exigir el pueblo, cuando
el pueblo sea “mayor de edad”.
No hará falta, por demasiado conocido, el traer a colación los sueldos
de los concejales. Hasta los comunistas, en el “Boletín Municipal” que editan,
defienden los sueldos de los concejales basándose en una igualdad de
oportunidades para la persona que pueda acceder a una concejalía y no tenga
posibles para dejar el oficio. Justo; pero agregan que sus concejales ponen el
sueldo a disposición del partido, que es quien decide qué se hace con él, por
esa disciplina de partido que tan rígidamente observan, por ellos actúan en
esto conjuntamente, como podría hacerlo una comunidad religiosa, salvando otras
diferencias.
Lo que pasa es que el ciudadano de a pie, que en definitiva es el que
paga todos estos gastos, se está hartando de oír hablar de las “disciplinas de
partido” y desearía comenzar a oír hablar de “la disciplina ciudadana”, que a
nuestro juicio es la que debe privar sobre todas.
Al decir “disciplina ciudadana” debe entenderse como dedicación al
cargo y entrega a las gestiones de la ciudad o de la región con verdadera eficacia, porque es curioso que de eficacia
no se habla, porque: ¿Cuántos “días de haber” tendríamos que imponer a muchos
de estos representantes públicos por fallos e ineficacias? Para entendernos: si
el que paga exige, algo debería dejarse decir al pueblo en cuanto a la
percepción o no de esos “sueldos” cuando el que los cobra no los merezca, ya
que dejarlo todo a la “vergüenza torera” del que los percibe, o a la tan traída
y llevada “disciplina de partido”, es ponerse a tomar “gato por liebre”, al
menos durante los cuatro años de mandato para todos ellos.
Diario HOY, 15
de octubre de 1980.
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