Las viviendas protegidas y los compromisos que se olvidan

Los modestos propietarios de viviendas protegidas de Cáceres andan revolucionados y, al parecer, los de fuera de Cáceres también. “El Estado quiere atropellar nuestros derechos”, dicen. Y agregan: “Unos derechos que nos concedió la misma Administración, para meternos en el lío que nos metió, y ahora quiere olvidarse de “la palabra” dada”. “Para que te fíes, Manolo, de la palabra dada por el Estado, la Administración, la Hacienda y todos los que mandan”.

Se trata de unas reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Provincial que, dado el número de reclamantes, la Cámara de la Propiedad Urbana ha tenido que hacer hasta impresos para ellas. Sin entrar en los “tiquismiquis” jurídicos del caso, vamos a tratar de explicarlo como lo explican los perjudicados.

Resulta que hace tiempo, el Estado, la Hacienda, o los que mandan, para estimular el acceso a viviendas de las personas modestas, promulgó una ley en la que decía que los que las compraran estarían “exentos durante veinte años del 90 por 100 de la contribución territorial urbana”. Las familias se echaron sus cuentas, y viendo que el asunto podría serles interesante, con grandes sacrificios lograron hacerse de sus viviendas, fiando en esa “garantía del Estado” de respetarle la exención prometida… Pero resulta que este año el Estado, la Hacienda o los que mandan se han sacado de la manga otra ley (de menor rango, que al parecer no puede derogar la anterior) y han comenzado a cobrar los recibos de contribución con solo la exención del 50 por 100 y sólo por tres años. O sea, que los veinte años prometidos se han convertido en tres y la exención del 90 por 100 en sólo el 50 por 100. “Esto es un engaño —dicen los perjudicados— porque el Estado, la Hacienda o los que mandan, quieren hacer esa reducción en viviendas protegidas, que las hagan en las que se construyan desde aquí en adelante, pero no en las que ya adquirimos con esa promesa reflejada en una ley, que no puede derogarse sin que les llamamos embusteros y embaucadores”.

Nosotros no sabemos si eso les va a importar mucho a los que mandan —porque se dicen aún cosas más gordas—, pero lo que sí pensamos es que por encima de las leyes (que posiblemente pueden derogarse) hay unos compromisos morales que no tienen derogación. Lo malo es que para reclamar hay que pagar el recibo en demasía y esperar a que, si te dan la razón, la Hacienda “devuelva”, aunque hay quien piensa que estos tíos son capaces hasta de tomar biodramina para evitar el vómito… Ya veremos en qué queda la cosa.

Diario HOY, 30 de octubre de 1980