Ahora que estamos con las nuevas leyes democráticas, constitucionales,
etc., como “chiquillo con zapatos nuevos” —cosa que nos parece muy positiva— es
oportuno recordar que en España ha habido leyes ejemplares —cumpliéranse o no,
que esto es harina de otro costal— que en muchos casos han servido al mundo
como inspiración de bien hacer y ordenar. No queremos remontarnos a las
primeras leyes internacionales que creara el padre Vitoria, ni hacer un examen
de las “Leyes de Indias”, que también tuvieron su ejemplaridad teórica, sino de
algunas otras más próximas, como podría ser la Constitución de las Cortes de
Cádiz, que luego derogó Fernando VII —un nefasto rey si los hubo—, pero que
sirvió de inspiración a otras constituciones centroeuropeas y en ellas se ha
mantenido hasta hace poco, o bien, a los
antiguos “juicios de residencia” que solían hacerse a las persona que habían
ejercido cargos públicos, tras de su mandato pidiéndoles cuenta de todo lo
hecho.
Recordamos a este respecto que el quijotesco y popular médico cacereño
que fue don Ricardo Becerro de Bengoa, desaparecido ya, pero fundador de
asociaciones e inquieto promotor de actividades, lo repetía cada dos por tres:
“Hay que volver a realizar los juicios de residencia a los que han ejercido
cargos importantes y tras ellos se verá la honradez o no de los que nos
gobiernan.” Ni que decir tiene que nadie hizo caso a don Ricardo y hasta se le
tildó de loco, pero para mi que, si hubiera vivido en estos tiempos de apertura,
su proposición no está tan fuera de lugar como algunos decían, ya que el
“residenciar” era una vieja —y sabia— tradición española que quizás por
insólita obligaba a una continua honradez a los que mandaban, por saber que al
final del mandato se le haría un juicio para pedirle cuentas.
Cuentas de este tipo rindieron en nuestra mejor época: el Gran
Capitán, cuya respuesta a esta petición se hizo célebre con las llamadas
“Cuentas del Gran Capitán”; pero todos los virreyes que ejercieron cargos, y de
ahí para abajo todos los que desempeñaron cargos públicos administrando dineros
ajenos, tenían que pasar por estos “juicios de residencia” y dar detallada
cuenta de todo, respondiendo con su propio capital y hacienda de lo que podía
dárseles “por comido” y si no, terminando en la cárcel para pagar su culpa.
Podríamos citar numerosos ejemplos de personajes famosos que así acabaron, pero
no es éste el caso, sino simplemente el preguntarnos: “¿Aguantarían hoy, muchos
de nuestros cargos públicos, los mencionados “juicios de residencia?”
Diario HOY, 21 de enero de 1982
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